Madrid, Espana

Así las cosas, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha modificado su criterio de no cambiar aspectos sustanciales de las 54 medidas en las que resumió las negociaciones con los partidos. El nuevo plan de Salgado incluye una nueva ronda de conversaciones bilaterales, que debería empezar el lunes, para conseguir un acuerdo con el que ahora no cuenta.

La nueva fecha que se da el Gobierno para aprobar el real decreto es el viernes 9 de abril.

La voz de alarma la sintió el Ejecutivo al escuchar al portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, lamentar que el contenido del acuerdo no fuera más ambicioso. Le siguió, también por carta y en la misma línea, Josu Erkoreka, del PNV, y Ana Oramas, de Coalición Canaria. Todos se mostraron distantes ante la sugerencia de Salgado de convocar el lunes a los grupos que quisieran firmar el documento con sus 54 propuestas en el Palacio de Zurbano de Madrid, donde empezaron las negociaciones. El desapego de estos tres portavoces preocupó al Gobierno, pues se unía a la desafección general del resto: ERC, IU, ICV, UPyD, Nafarroa Bai, UPN y, desde luego, el PP.

La mayoría de los grupos apoya las medidas aisladas que han propuesto, pero se resisten a solemnizar un documento que, en todo caso, serviría para blindar políticamente al Gobierno en los próximos meses.

Sigue quedando en el aire si todo acabará en un acuerdo global o será el compromiso para tramitar sin sobresaltos las medidas.

El objetivo del Gobierno es tener el apoyo suficiente para que el real decreto que apruebe en el Consejo de Ministros del 9 de abril tenga votos suficientes en el Congreso para su convalidación, ya que si se queda en minoría los grupos podrían forzarle a que se tramitara como proyecto de ley. No obstante, fuentes gubernamentales aseguran que desean el acuerdo sobre todas las cosas y, por tanto, la vicepresidenta Salgado ha dejado en un plano muy secundario la posibilidad de que hubiera foto final.

Ya hace días, en algunas de las frecuentes conversaciones entrecruzadas que ha mantenido con los partidos, la vicepresidenta económica expresó sus dudas sobre la posibilidad de llegar al martes próximo con todo cerrado para aprobar el decreto. Aseguró no obstante a sus interlocutores que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estaba muy interesado en cumplir ese plazo.

Alguno de los portavoces, como Joan Ridao (ERC), le propuso que el martes se aprobara un decreto sólo con las dos medidas que tienen garantizadas apoyo de todos: la reducción del IVA para rehabilitación de edificios y las medidas que refuerzan el papel del ICO para inyectar liquidez a las empresas. Pero Salgado mantuvo su posición a favor de aprobar todo en bloque, transmitiendo así la idea de pacto global. Erkoreka le reiteró por carta el viernes esta posibilidad, también con nulo éxito.

El viernes, los portavoces intercambiaron llamadas entre ellos y constataron las discrepancias y que ninguno estaba dispuesto a aparecer en solitario como firmante. La izquierda sigue rechazando de plano la reducción del IVA para las empresas que participan en la ley de Dependencia, por entender que supone un cambio de modelo en la aplicación de la norma y que, en tal caso, el Ejecutivo no antepone las directivas de Bruselas que sí considera un obstáculo para otras reducciones del impuesto. Esta medida ha sido pactada por el Gobierno con CiU.

Luego, uno a uno los portavoces trasladaron sus discrepancias por carta a Salgado. Y ayer la responsable de Economía llamó a la mayoría de los portavoces para comunicarles su decisión de reabrir la negociación y retrasarlo todo una semana. Significativamente, llamó a Duran, Erkoreka, Oramas y Ridao. Con distinto nivel de acuerdo, esos partidos se han perfilado como el núcleo central del pacto. Significativamente también, no llamó a Joan Herrera (ICV), Gaspar Llamazares (IU) y Francisco Jorquera (BNG), que están más lejos del acuerdo. Se han aceptado medidas aisladas propuestas por estos partidos de la izquierda, pero es casi imposible que ellos respalden el acuerdo global ante la negativa del Gobierno a aceptar su propuesta sobre fiscalidad o por la reducción del IVA a la dependencia.

El PP, en todo caso, volvió a dejar clara ayer su oposición al acuerdo, esta vez por boca de su vicesecretaria de Organización y Electoral, Ana Mato, quien afirmó que su partido está dispuesto a llegar a un acuerdo con el Gobierno para salir de la crisis, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y crear empleo, pero que ninguna de esas condiciones se cumple en el acuerdo del Palacio de Zurbano.

"No vamos a ser comparsa de una política económica que no permite crear empleo. Fotografías no queremos, queremos resultados. Y los resultados son consecuencia de propuestas, de alternativas y de reformas", dijo. Rajoy ya aseguró el viernes que el documento era "insuficiente" y no constituía un plan anticrisis.